Más de la cuarta parte de los estudiantes que han sido investigados no tenían autorización para seguir en el país, la mayoría de ellos no tenía un buen nivel de inglés y no había pruebas de que estuvieran asistiendo a las clases, según el ministro de Inmigración, Damian Green. «Violar uno de estos tres requisitos es vinculante para que se emprendan acciones legales, pero en este caso se han hallado deficiencias en los tres ámbitos. La gestión de la universidad ha sido muy deficiente en todo momento», ha indicado Green.

El órgano encargado de la Inmigración en Reino Unido, la UK Border Agency (UKBA, por sus siglas en inglés), señaló que a la universidad se le concedió un plazo para que resolvieses estas irregularidades, pero el centro no supo reaccionar ante esta crisis. 

El sindicato nacional de estudiantes (NUS) ha advertido de que la decisión podría suponer que más de 3.000 estudiantes sean deportados en 60 días, a menos que puedan encontrar otra institución que apruebe sus solicitudes de visa.

El presidente de esta asociación, Liam Burns, ya se ha puesto en contacto con el primer ministro, David Cameron, y la ministra de Interior, Theresa May, expresándoles su profundo desacuerdo y malestar, y tratando de buscar vías alternativas que eviten el caos educativo para los más de 3.000 alumnos extranjeros afectados.

Para aliviar el pánico que se ha desatado entre el sector estudiantil londinense, un portavoz de la UKBA ha recordado que sólo se trata de un caso puntual, en el que no se habían solventado unas irregularidades detectadas hace meses y no tiene por qué darse en otras universidades. De hecho, se trata de la primera vez que ocurre algo así en la educación inglesa.

La concesión de visas estudiantiles en el Reino Unido siempre ha estado envuelta en la controversia, ya que muchos extranjeros se escudan en ellas para acceder al Reino Unido e ingresar en el mercado laboral, ya que sus poseedores tienen derecho a trabajar a tiempo parcial, hasta 20 horas semanales.